LOGROÑO, 5 de marzo. En un reciente pronunciamiento, CCOO y UGT han hecho un llamado de atención sobre la alarmante situación que enfrenta el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en La Rioja, advirtiendo que la falta de personal pone en riesgo la capacidad del organismo para proteger a las trabajadoras y trabajadores en momentos de crisis empresarial.

El FOGASA desempeña un papel fundamental en el ámbito laboral, garantizando el pago de salarios e indemnizaciones a aquellas personas que se ven afectadas por la incapacidad de sus empresas para cumplir con las obligaciones económicas, especialmente en casos de quiebras o insolvencias.

Este fondo es una salvaguarda para los derechos laborales, asegurando que los trabajadores no se queden en la incertidumbre durante las crisis empresariales. Además, el FOGASA también puede financiar algunas prestaciones vinculadas a la seguridad social, lo que ayuda a mantener una cierta estabilidad económica para aquellos que sufren dichas situaciones.

En 2024, el FOGASA en La Rioja ha gestionado 247 expedientes de trabajadores provenientes de 88 empresas, lo que ha significado un desembolso total de 2.033.000 euros en salarios e indemnizaciones. Sin embargo, la plantilla necesaria para cumplir adecuadamente con estas responsabilidades es de cinco personas, y actualmente solo cuenta con dos, situación que se complicará en las próximas semanas al reducirse aún más a una sola persona.

Esta carencia de personal amenaza con paralizar las funciones del organismo y generar un vacío de protección para las entidades y personas que enfrentan crisis económicas. En una reunión de la Comisión de seguimiento del FOGASA en La Rioja, los sindicatos han expresado su preocupación y han decidido solicitar a la administración la contratación inmediata de personal interino para garantizar el funcionamiento del organismo y mitigar el impacto en trabajadores y empresas.

Los sindicatos subrayan que esta medida de emergencia debería ser complementada más adelante con convocatorias para una oferta de empleo público que permita cubrir las plazas con funcionarios de carrera, garantizando así un servicio más robusto y efectivo en la defensa de los derechos laborales en el futuro.