El Fiscal solicita una pena de ocho años de prisión para una mujer acusada de dos delitos: trata de seres humanos con fines de explotación sexual y determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual. Se le imputa también otro delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros, por el cual se le exige el pago de una multa de 3.000 euros, así como una indemnización de 10.000 euros por responsabilidad civil.

Según Europa Press, los hechos se juzgarán este martes a las 10:00 horas en la Audiencia Provincial de La Rioja. La acusada, identificada como L.G.R., nacida en Colombia y sin antecedentes penales, entró en contacto con la víctima a quien le ofreció trabajar en un restaurante en España, ofreciéndose además a organizar y gestionar su viaje.

Para ello, ambas se encontraron en Bogotá, donde la acusada entregó los boletos de avión y dio instrucciones precisas para que viajaran por separado y se reunieran en el aeropuerto a su llegada a Madrid. Con el fin de "no levantar sospechas", le indicó a la víctima que en el control migratorio dijera que "su intención era visitar Barcelona y Madrid".

Una vez en Madrid, el 9 de marzo de 2018, la acusada y otra persona desconocida trasladaron a la testigo en coche hasta Logroño, a un piso de propiedad de la acusada donde "había varias mujeres ejerciendo la prostitución". En ese momento, la acusada le explicó a la víctima que el restaurante no existía y que debía ejercer la prostitución. Además, le exigió el pasaporte y la amenazó con deportarla a Colombia y hacerle daño a su familia si no aceptaba prostituirse.

Además, la acusada le solicitó que le entregara la mitad de las ganancias para compensar los gastos del viaje y como pago por la gestión y organización del negocio de prostitución.

Ante esta situación "inesperada", la víctima se sintió engañada, sola e intimidada por las amenazas, y se vio obligada a ejercer la prostitución contra su voluntad. Permaneció en esa situación hasta que, tiempo después y a pesar del control y vigilancia de la acusada, logró escapar de la vivienda.

A finales de 2019, la perjudicada decidió denunciar la situación a la policía debido a las amenazas que seguía recibiendo por la deuda impagada y por haber escapado del control de la acusada en el ejercicio de la prostitución.

El 3 de marzo de 2020, se llevó a cabo un registro judicial en el domicilio donde se ejercía la prostitución, encontrando trece teléfonos móviles, libretas con anotaciones de nombres y cantidades, y 1.345 euros en efectivo. Estos elementos constituyen pruebas de las "importantes ganancias que la acusada obtenía controlando y gestionando la prostitución de mujeres, incluida la propia víctima testigo protegido".

En relación a estos hechos, la acusada es señalada como autora y se solicita una condena de ocho años de prisión por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual. Además, se le acusa de otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que se le impone una multa de 3.000 euros. Finalmente, se exige que indemnice a la perjudicada con 10.000 euros por daño moral.