LOGROÑO, 30 de noviembre.

En un caso que ha llamado la atención por la gravedad de los delitos implicados, el Fiscal ha solicitado una condena de tres años y cinco meses para P.Á.M. El acusado enfrenta cargos por falsificación de documentos privados, falsificación de documento mercantil y estafa procesal. Todo ello se deriva de la presentación de documentación falsa en respuesta a una demanda interpuesta por una comunidad de vecinos en Alberite.

La audiencia del juicio está programada para el miércoles a las 09:30 horas en los Juzgados de Logroño, con previsiones de que se alcance un acuerdo, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, el caso se remonta al 11 de noviembre de 2019, cuando el acusado, con antecedentes penales, contestó a una reclamo de casi 300,000 euros interpuesto por la comunidad y Seguros Mapfre, restando un importe de franquicia de 500 euros.

Para su defensa, P.Á.M. presentó varios documentos, entre ellos uno que se refería a una memoria de trabajos de consolidación en la fachada, que resultó completamente falso. Este documento fue elaborado el 7 de diciembre de 2007, sin ningún tipo de visado y con una cifra de ejecución material de 258,385.02 euros. Además, fue creado de la nada por el imputado y nunca fue solicitado por la comunidad de propietarios, quedando en el aire su autenticidad.

El objetivo de este documento era desacreditar un informe pericial que no lo había considerado en sus evaluaciones sobre los mismos trabajos de consolidación y reparación de fachadas. Asimismo, se presentaron otros documentos falsos, incluyendo un presupuesto por una cantidad igual y un contrato de "Memoria de rehabilitación de fachada y petos", que también careció de solicitud previa por parte de la comunidad.

Además, se incluyó una factura cuya existencia se basaba en una factura anterior, donde el acusado alteró el concepto para desacreditar su rol como supervisor y director de la obra. Esta falsificación no solo complicó el proceso judicial, sino que también buscaba desvirtuar los cargos en su contra.

La Fiscalía ha subrayado que estos documentos, si fueran considerados como auténticos por el Juzgador civil, podrían resultar en una resolución favorable para el imputado, a expensas del perjuicio directo para la comunidad de vecinos de Alberite, quienes son los verdaderos afectados.

Para el Fiscal, estos actos constituyen un delito de falsificación de documentos privados, por el que pide una pena de 21 meses de prisión. También se reclama un año de cárcel y 2,400 euros de multa por falsificación de documento mercantil, además de cinco meses de prisión y 1,500 euros por estafa procesal.