La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que muestre un respeto genuino hacia la inteligencia de los ciudadanos españoles, sugiriendo que no debería subestimar su capacidad de discernimiento. En sus declaraciones, Gamarra afirmó que la situación revelada recientemente indica que no se trata de la inexistencia de mensajes, sino más bien de que dichos mensajes han sido eliminados, subrayando que estas son distinciones fundamentales.

Su comentario surge en el contexto de la reciente controversia en la que Sánchez solicitó a aquellos que acusaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de filtrar información sobre el pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se disculparan tras la falta de evidencia que sostuviera esas acusaciones. Gamarra tildó esta petición de "colmo del descaro", insistiendo en que los ciudadanos merecen un trato más honesto por parte de sus líderes.

Gamarra enfatizó la necesidad de que Sánchez asuma su responsabilidad y, en vez de pedir que se desestimen las imputaciones, debería reconocer que la eliminación de mensajes es un acto que tiene serias implicaciones. "Lo mínimo que debería hacer es mostrar un poco de respeto", añadió, resaltando que la esencia del asunto radica en el hecho de que los mensajes no han desaparecido por arte de magia, sino que han sido intencionadamente borrados.

Las aseveraciones de Gamarra se produjeron en un acto en Logroño, donde recibió la Medalla de Oro del Ayuntamiento por su labor como alcaldesa entre 2011 y 2019, junto a otros exalcaldes. Después de la ceremonia, la secretaria general hizo hincapié en lo que considera un "constante deterioro de la calidad democrática" en el país, situando a Pedro Sánchez en el centro de este problema, acusándolo de utilizar las instituciones públicas para atacar a sus adversarios políticos.

Cuca Gamarra también abordó otro tema candente en la actualidad política: la reciente firma de un acuerdo destinado a reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, realizada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los líderes de los sindicatos CCOO y UGT. Según Gamarra, este acuerdo carece de apoyo entre los empresarios y los autónomos, sugiriendo que su implementación es cuestionable dentro de la estructura del actual Gobierno.

Al respecto, Gamarra aclaró la postura del Partido Popular, señalando que están abiertos al diálogo, pero en el marco de lo que debe ser una negociación colectiva genuina y efectiva. Para ella, la introducción de cambios significativos en la jornada laboral debe ser el resultado de un acuerdo mutuo entre todas las partes implicadas, con el objetivo de asegurar tanto la productividad como la estabilidad futura del país.