El Ayuntamiento de Logroño ha dado un paso significativo hacia la justicia fiscal al aprobar un nuevo proyecto de ordenanzas fiscales y una ordenanza general de tasas y precios públicos, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, tras su ratificación en un próximo pleno.

Con esta propuesta, el consistorio reafirma su compromiso con la mejora del bienestar social y el impulso de la economía local, priorizando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. La estrategia se enfoca en la reducción de la carga tributaria, buscando aliviar la presión financiera sobre la ciudadanía.

Para lograr este cometido, se implementarán importantes recortes en varios tributos, incluyendo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la conocida plusvalía. Además, se congelarán impuestos como el de Actividades Económicas (IAE), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y el de Vehículos de Tracción Mecánica, lo que se traduce en un alivio considerable para los ciudadanos.

En concreto, el IBI experimentará una disminución de medio punto, pasando del 0,575 al 0,57. Esta reducción, junto con las anteriores de los últimos dos años, representa un total de dos puntos, implicando un ahorro directo de 1,3 millones de euros para los logroñeses durante esta legislatura.

Asimismo, la plusvalía también se verá beneficiada con una caída del 2,5% en su coeficiente, lo que significa una reducción acumulativa del 7,5% en tres años, con la meta de alcanzar el 10% para el final de la legislatura.

Por otro lado, se mantendrán congelados tributos fundamentales como el IAE y el ICIO, lo que consolida la intención del Ayuntamiento de no aumentar la carga impositiva en un contexto económico complicado.

El nuevo proyecto fiscal no solo mantiene, sino que también expande las iniciativas introducidas en 2024 y 2025, orientadas a apoyar a las familias, fomentar la actividad empresarial y promover acciones medioambientales.

Entre las medidas destacadas, se incluyen bonificaciones de hasta el 95% en el IBI para locales que enfrentan obras municipales que afectan su actividad, además de beneficios similares para cooperativas y organizaciones agrarias.

Una de las innovaciones más interesantes es una bonificación del 10% en la cuota íntegra del IAE para aquellas empresas con menos de 50 trabajadores que implementen un Plan de Igualdad, fomentando así la equidad laboral.

Finalmente, en cuanto a las tasas y precios públicos, se propone una actualización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto, que se sitúa en un 2,7%. Esta medida busca ajustar las tarifas a los costos reales de los servicios públicos, asegurando su sostenibilidad y calidad.