En Logroño, el Movimiento Feminista de La Rioja convocó una manifestación significativa este jueves, donde se exigió un cambio radical en el sistema judicial para evitar que situaciones como la de Juana Rivas se repitan en el futuro. Los asistentes alzaron sus voces en defensa de Daniel Arcuri Rivas, quien se expresa abiertamente en contra de regresar a Italia con su padre, un hombre con antecedentes por maltrato.

El evento, que dio inicio pasadas las 19:15 frente a la Delegación de Gobierno, buscó no solo apoyar a Rivas y su hijo, sino también visibilizar las realidades de miles de menores en el país que enfrentan circunstancias similares. Isabel Ilzarbe, portavoz del Movimiento y presidenta de la Asociación Kirké, denunció que el aparato judicial español perpetúa un modelo patriarcal que pone en riesgo a los niños, obligando a Rivas a entregar a su pequeño a un agresor que se enfrenta a un juicio por maltrato en Italia.

Ilzarbe calificó esta situación como "completamente irracional" y reiteró el inquebrantable apoyo del Movimiento hacia Juana, Daniel y otros menores que sufren injusticias semejantes. "Estamos aquí para respaldar a todas esas madres que ven cómo se les arrebatan a sus hijos", añadió, destacando que esta problemática trasciende las fronteras de Granada y afecta a diversas regiones, incluida La Rioja.

Las demandas del Movimiento Feminista son claras: una restructuración profunda del Poder Judicial y la implementación de formación especializada para jueces y fiscales que aborden casos de mujeres maltratadas y de niños víctimas de violencia vicaria. "Es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para erradicar la violencia institucional machista que agrava aún más el sufrimiento de estas familias", enfatizó.

La manifestación en Logroño es parte de una cadena de movilizaciones en múltiples ciudades del país, donde se ha denunciado la violencia vicaria y la falta de protección de los derechos de los menores. En un comunicado, se especifica que este tipo de violencia se ejerce al castigar a una madre por haber dejado al progenitor maltratador, utilizando a los hijos como herramienta de control.

La judicialización de la custodia en algunos casos termina por beneficiar a maltratadores, convirtiendo a la judicatura en cómplice del daño infligido a madres e hijos. Bajo el lema "Escuchen a Daniel", los manifestantes clamaron por la atención urgente de la jueza a cargo del caso, quien debe considerar el deseo del niño de quedarse con su madre en Maracena, como dictan las leyes de protección infantil vigentes.

La decisión judicial sobre el destino de Daniel fue aplazada, dejando al niño en una situación de angustia, manifestando su temor a la violencia. Este caso ha resonado en la opinión pública y en instancias políticas, evidenciando que no se trata de un evento aislado, sino de un patrón preocupante de vulneración de derechos infantiles.

Desde el Movimiento Feminista, se reafirma la necesidad de cambiar la narrativa judicial y social sobre estos casos. Muchas voces han denunciado la falta de acción de la judicatura y de la Fiscalía de Menores, que con frecuencia ignoran la realidad de los menores, dejando de cumplir con las leyes que deberían protegerles.