Recientes revelaciones sobre el 'caso Koldo' apuntan a una trama de adjudicaciones de obras públicas en varias comunidades autónomas, donde las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) se encuentran en el centro de la investigación iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, que contienen un extenso informe de 490 páginas, desatan una serie de interrogantes sobre la ética y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos. El magistrado Leopoldo Puente ha ordenado registros en distintas propiedades del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como en diversas empresas relacionadas.

En el centro de esta investigación se halla una serie de grabaciones efectuadas por Koldo García, un exasesor del ministerio, entre 2019 y 2023. Las conversaciones reveladas involucran no solo a García y Ábalos, sino también a Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, donde se discuten "contraprestaciones económicas" esperadas tras la obtención de obras, especialmente aquellas vinculadas a Acciona y su filial, Acciona Construcción.

El informe destaca la construcción del Puente del Centenario en Sevilla, donde se constata el interés por parte de la UCO de que esta obra podría haber favorecido económicamente a Ábalos. Durante una conversación de noviembre de 2018, se pone de manifiesto cómo ya se estaba preparando la licitación. Cerdán tenía claro que había que "cerrar" la obra, lo cual indicaba una coordinación notable entre los involucrados.

Además, los hallazgos apuntan a que el entonces director de Carreteras, Javier Herrero, estaba presionando para avanzar en el proyecto, incluso sugiriendo que otras figuras estaban bloqueando la licitación. Finalmente, la obra se adjudicó en mayo de 2021 por una suma inicial de 71 millones de euros, que posteriormente se amplió.

El informe también menciona otras obras importantes, como el proyecto de la autovía A-32, donde se encontraron indicios de comunicación entre Koldo y los responsables del proyecto para acelerar la adjudicación a OPR, a pesar de advertencias sobre la debilidad de su oferta técnica.

Los agentes de la UCO han visto un patrón en las adjudicaciones, que incluye licitaciones por un total de cientos de millones de euros. Otro proyecto destacado por las autoridades es la estabilización de taludes en Asturias, donde se sugiere que Koldo intentó influir en la decisión para que la obra fuera adjudicada a LIC, en un esfuerzo que recuerda la discrecionalidad de ciertos procesos públicos.

El controversial modo de operación no se detiene ahí; el informe menciona múltiples proyectos grandes, desde la integración del ferrocarril en Sant Feliú hasta diversas licitaciones de Adif, que indican una estructura de intereses cruzados que merece un análisis profundo sobre la relación entre política y grandes constructoras en el ámbito de la obra pública.

Los detalles de las conversaciones resaltan la preocupante naturaleza de las interacciones entre funcionarios y empresas, sugiriendo un sistema en el que las decisiones no siempre se basan en la meritocracia y que despierta dudas sobre la integridad de los procedimientos de adjudicación. La investigación continúa su curso mientras la ciudadanía exige claridad y justicia en la gestión de sus recursos.