LOGROÑO, 11 de marzo.

En un comunicado reciente, el PSOE ha manifestado que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha confirmado la condena impuesta a la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, por haber infringido la Ley de Haciendas Locales. Según el partido, el tribunal ha desestimado el recurso presentado por el equipo de Arcéiz y ha avalado la decisión previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño, que señalaba que la modificación de crédito número 11 de 2023 contravenía las normativas fiscales locales.

Esta controvertida modificación implicaba la reasignación de fondos inicialmente destinados a la rehabilitación energética de las instalaciones municipales a gastos corrientes. Según el PSOE, esta acción no solo fue ilegal, sino que se llevó a cabo ignorando un informe de la secretaría general del Ayuntamiento que favorecía al grupo socialista, evidenciando así un desprecio por la normativa vigente y los consejos técnicos correspondientes. La ley es clara en su artículo 179 y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, que prohíbe reducir créditos que ya han sido aumentados.

El partido subraya que esta transgresión no puede atribuirse a un error o a una falta de asesoramiento, sino que representa un rechazo consciente a la legalidad, un patrón que se ha evidenciado a través de múltiples condenas judiciales y ajustes requeridos por Arcéiz y su administración. Además, acusan a la alcaldesa de propagar una narrativa engañosa acerca de la situación financiera del Ayuntamiento, alegando que a su llegada había escasez incluso para cubrir las facturas de luz.

Esta supuesta falsedad, según los socialistas, fue parte de una estrategia para rechazar 3,5 millones de euros en fondos europeos que el PSOE había conseguido para mejoras energéticas en las piscinas municipales y en el propio Ayuntamiento. La revisión del presupuesto reveló que, tras la transferencia de créditos, sobraron más de 270.000 euros en los gastos corrientes, lo que hacía la modificación aún más cuestionable e innecesaria, dado que dicha partida podía haberse ejecutado sin contratiempos.

A pesar de la claridad de las sentencias iniciales, Mónica Arcéiz y su concejal de Hacienda, Mario Nafría, han continuado actuando de forma imprudente, utilizando nuevamente fondos públicos en un recurso legal que se ha considerado erróneo, resultando en una nueva condena y una multa de 500 euros que deberá afrontar el Ayuntamiento de Calahorra.

Hasta ahora, se han acumulado más de 2.100 euros en gastos judiciales a cargo de la comunidad calagurritana, un costo que, según el PSOE, debería ser asumido directamente por la alcaldesa, en lugar de recaer sobre los ciudadanos. La reciente resolución corroboró que la alcaldesa actuó al margen de la legalidad y desestimó de manera injustificada el recurso del Grupo Municipal Socialista, desoyendo los consejos de la secretaría general y de los técnicos del Ayuntamiento.

El gobierno de Arcéiz ha sido caracterizado por una serie de irregularidades y falta de respeto hacia los derechos y la legalidad, convirtiéndose la alcaldesa en una figura polémica en la historia de Calahorra, acumulando cuatro condenas judiciales. Estas sentencias incluyeron dos por violaciones a la Constitución Española, vulnerando derechos fundamentales, así como otras dos por sus infracciones a las normas fiscales locales mediante tácticas engañosas.

Lo alarmante es el respaldo que ha recibido este comportamiento por parte de partidos como Izquierda Unida y Vox, quienes han ignorado las advertencias del PSOE y los técnicos municipales, lo que ha resultado en una situación sin precedentes en el Ayuntamiento. Jamás antes un gobierno local había enfrentado tantas condenas por violaciones de la ley.

Desde el PSOE se insiste en la necesidad de que Arcéiz y su equipo cumplan con la legalidad y que la alcaldesa asuma el costo de las costas judiciales acumuladas hasta el momento. Además, critican la ineficacia de su administración, que parece más enfocada en gastos innecesarios que en los proyectos de desarrollo y futuro que había planeado el gobierno anterior.

Las sentencias recientes no son meras cuestiones legales, sino que cuestionan decisiones políticas adoptadas por la alcaldesa, decisiones que han infringido la ley de manera deliberada y sin justificación. Así concluye el PSOE, indicando que la responsabilidad recae en decisiones personales y no en discrepancias legales que podrían ser argumentadas.