LOGROÑO, 17 de septiembre.

En una jornada judicial marcada por el escándalo y la deshonra profesional, el abogado D.N.C. ha aceptado cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión, sumado a un periodo de inhabilitación de nueve años y medio para ejercer su profesión. Este acuerdo se produce tras la celebración de dos juicios en los que se le imputan delitos de estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional, según lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

En el primer juicio, que tuvo lugar a las 10:00 horas, el abogado ya contaba con antecedentes penales, específicamente una condena en 2021 por similares delitos. De acuerdo a las responsabilidades que asumió, se le impuso una pena de dos años de cárcel y una multa de 2.160 euros por la apropiación indebida y la estafa cometidas contra una de sus empresas clientes. A esto se suma una sanción de 4.320 euros y una inhabilitación de tres años por el delito de deslealtad profesional.

En cuanto a la responsabilidad civil, no se llegó a un consenso, lo que obligó al tribunal a adoptar una decisión que será emitida en futuras fechas. Según ha detallado el TSJR, se han evidenciado transferencias de 12.000 euros del letrado a la empresa afectada Hormigones Ángulo S.L., aunque no ha habido confirmación de dichos movimientos.

La acusación fiscal preconizaba una condena de cinco años de prisión, junto a una multa de 10.800 euros y una indemnización que asciende casi a 80.000 euros por responsabilidad civil.

Según el relato de los hechos contenido en el informe accesible a Europa Press, el abogado se desempeñaba como administrador concursal de la empresa 'Atom Vehículos Industriales' y entre 2018 y 2019, actuó ilegalmente, buscando obtener beneficios económicos a expensas de los intereses de sus clientes y sin contar con la autorización del Juzgado de lo Mercantil de Logroño.

Utilizando un claro abuso de confianza y aprovechando su cargo, D.N.C. solicitó numerosas transferencias monetarias a 'Construcciones Angulo Hermanos S.L.', desvirtuando sus obligaciones como letrado y canalizando el dinero hacia cuentas personales que no correspondían a las del tribunal.

En un caso emblemático, el 21 de junio de 2018, el abogado envió un correo donde indicaba a la constructora cómo debía proceder con una oferta, pidiendo también un depósito en su cuenta personal, resultando en una transferencia de 12.000 euros por parte de la empresa.

A partir de ahí, el abogado continuó exigiendo pagos bajo diversas justificaciones, incluyendo tasas notariales y gastos operativos, acumulando solicitudes que totalizaban significativas sumas de dinero, malversando así la confianza depositada en él.

En varias ocasiones y en correos posteriores, las exigencias de pagos ascendieron a cantidades de 16.741 euros y 2.420 euros, alegando diversos gastos vinculados a la transacción comercial en cuestión.

El 16 de enero de 2019, D.N.C. envió otro mensaje solicitando un ingreso de 4.852,10 euros, y continuó demandando más dinero en diferentes ocasiones, justificando esos requerimientos como pagos necesarios que, sin embargo, nunca se materializaron en beneficios para sus clientes.

A medida que los problemas se acumulaban, los miembros de la constructora se vieron forzados a investigar la situación por el comportamiento evasivo del abogado, quien eventualmente fue destituido por el tribunal tras una serie de irregularidades en su gestión.

El monto total de dinero defraudado ascendió a 79.948,89 euros, que se destinaron a la cuenta del abogado en cuestión.

Posteriormente, a las 12:00, D.N.C. enfrentó un segundo juicio relacionado con un caso de apropiación indebida y falsedad en la compraventa de un bien inmueble. En este juicio, también alcanzó un acuerdo, aceptando un año y tres meses de prisión por la apropiación indebida, y un castigo similar en relación a la falsedad, además de multas que ascienden a 3.600 euros y una inhabilitación adicional por el mismo periodo.

El fiscal había solicitado tres años de prisión y una multa de 7.200 euros, así como indemnizaciones a las víctimas del fraude por un total de 4.618,54 euros. Según el relato, el abogado había sido contratado para gestionar una compraventa y había fallado en cumplir con sus obligaciones, dejando a sus clientes viendo cómo la operación se retrasaba mientras él no respondía a sus demandas.

Después de varias semanas de espera y presiones, se firmó la escritura de compraventa en octubre de 2020, pero el abogado no realizó el pago ni recogió los documentos, obligando a sus clientes a hacer frente a nuevos costos y complicaciones burocráticas por una situación que él había prometido gestionar en su totalidad.

Ante la doble carga financiera, los afectados exigieron al abogado la devolución de los fondos pagados en un principio, a lo que él accedió, reconociendo que debía devolver una suma de 4.203,01 euros, lo que llevó a un enfado creciente entre quienes confiaron en sus servicios.

Finalmente, el 7 de mayo de 2021, se descubrió que el abogado había enviado un supuesto justificante de transferencia que nunca se realizó, provocando una indignación aún mayor entre sus clientes, lo que evidencia la gravedad de la situación y la traición de confianza que representa este caso.