En el día de hoy, CSIF ha exigido la dimisión de la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño debido a lo que consideran una grave falta de cumplimiento de la Ley de Igualdad. El sindicato ha emitido un comunicado en el que detalla las acciones llevadas a cabo para denunciar la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento en la formación del tribunal de la oposición de operario.

Desde CSIF se ha señalado que se advirtió con más de 7 meses de antelación sobre la necesidad de que los tribunales de oposiciones fueran paritarios para cumplir con la legislación vigente, lo cual fue ratificado por el juzgado contencioso número 1. A pesar de esto, la concejala hizo caso omiso a las advertencias y formó un tribunal ilegal para las oposiciones de operario.

Ante esta situación, CSIF presentó un recurso de reposición en diciembre de 2023 argumentando la ilegalidad, pero el Ayuntamiento desestimó el recurso y mantuvo el tribunal ilegal. Posteriormente, el sindicato interpuso una demanda judicial en marzo de 2023 con los mismos argumentos, la cual fue estimada por el juzgado.

CSIF ha criticado la actitud de la concejala, señalando que hubiera sido sencillo modificar el tribunal para cumplir con la legalidad, tal como se demostró en el recurso y la demanda judicial. Además, lamentan que la concejala no suspendiera la primera prueba de la oposición a pesar de la evidente ilegalidad.

En este sentido, CSIF ha mostrado su sorpresa ante la afirmación de la concejala de que se acogió a una excepción de la legalidad por el principio de especialidad, colocando en el tribunal personas que no tenían relación con las funciones de operario. El sindicato ha resaltado que dicha excepción no existe según la sentencia del juzgado.

Actualmente, 98 aprobados de la oposición se encuentran en una situación de incertidumbre debido a la negligencia del Ayuntamiento. CSIF ha presentado una petición de aclaración de sentencia para proteger los derechos de los aprobados y se ha comprometido a apoyar cualquier recurso que presenten para mantener su situación.

Por último, CSIF ha anunciado que presentará un recurso para proteger a los aprobados como terceros de buena fe, que no deben ser perjudicados por decisiones arbitrarias del Ayuntamiento. En definitiva, el sindicato ha concluido que las actuaciones del Ayuntamiento han sido irresponsables y están afectando de forma negativa a los 98 aprobados, mientras intenta culpar a quienes advirtieron sobre la ilegalidad, tal como confirmó el juzgado contencioso número 1.