LOGROÑO, 24 de noviembre. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido una alarmante advertencia sobre la situación de violencia de género que afecta a las mujeres en la Administración General del Estado. Según una encuesta, el 20% de los trabajadores de esta esfera conoce al menos a una mujer que ha sufrido esta problemática dentro de su entorno laboral, revelando así un grave problema que necesita atención urgente.

Los datos que surgen de este análisis, que abarcó a 1,000 individuos de diferentes sectores, son un claro indicativo de que la violencia de género es una crisis latente en lo que se considera la mayor entidad estatal del país. Según el sindicato, este descubrimiento debería servir como un catalizador para desarrollar estudios más profundos y efectivos que promuevan una lucha efectiva contra esta tragedia social.

CSIF, que coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hace un llamado a la Administración para que adopte medidas decisivas y estructurales que aborden esta problemática que afecta no solo a las trabajadoras, sino también a la salud y calidad de vida de miles de empleados públicos.

Entre las medidas propuestas, el sindicato subraya la necesidad de establecer la figura de un delegado o delegada sindical especializado en igualdad y prevención de la violencia de género. Este rol sería crucial para identificar casos, gestionar problemáticas y proporcionar asistencia a las empleadas que se encuentran en situaciones de violencia.

Los resultados de la encuesta también revelan que más del 80% de los funcionarios desconocen la existencia de protocolos para abordar la violencia de género en sus puestos de trabajo, lo que pone de manifiesto la falta de formación y aplicación de medidas existentes, incluyendo las del IV Plan de Igualdad que se elaboró en colaboración con CSIF.

Ante esta realidad, el 89% de los encuestados sostiene que es imperativo que la Administración fortalezca la capacitación del personal en la detección y actuación frente a situaciones de violencia machista, puesto que actualmente hay un vacío evidente en el entorno laboral que necesita ser llenado.

Un dato preocupante es que solo el 18% de los participantes en la encuesta considera adecuadas las medidas de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Se destaca la urgencia de establecer protocolos mucho más específicos para garantizar la seguridad y el acompañamiento a las trabajadoras afectadas, lo que incluye opciones como movilidad, reserva de puesto, flexibilidad laboral y apoyo psicológico, que son apoyados por el 66% de los encuestados.

La brecha salarial entre géneros también persiste como un problema serio en las administraciones públicas, donde las mujeres perciben un salario un 10% inferior al de sus compañeros hombres. En respuesta, CSIF ha acordado con Función Pública la realización de auditorías salariales para eliminar estas desigualdades.

Además, casi la mitad de las mujeres encuestadas creen que su condición de género les perjudica en sus posibilidades de ascendencia laboral. Mientras tanto, el 34% sostiene lo contrario, y un 19% son hombres que también han expresado su opinión sobre el tema.

El sindicato enfatiza que es urgente implementar medidas concretas para prevenir, proteger y reparar a las víctimas, subrayando que la violencia de género no es solo un asunto individual, sino un problema estructural que afecta a toda la sociedad, como opina el 85% de los encuestados.

Dentro de las recientes negociaciones colectivas con el Ministerio de Función Pública, CSIF busca establecer acciones que desafíen la discriminación y promuevan la igualdad, como la publicación de planes de igualdad, protocolos para prevenir y actuar ante acosos, y un registro de estos planes. Además, hacen hincapié en la inclusión de salvaguardias específicas para las víctimas de violencia de género y la creación de un espacio laboral inclusivo y seguro para la comunidad LGTBI+.

La violencia de género en España es una realidad compleja y alarmante, como lo demuestran los tristes datos de 38 mujeres y 3 menores asesinados hasta la fecha (23 de noviembre de 2023). Este trágico hecho subraya la urgencia de un compromiso colectivo y decidido de la sociedad, incluyendo instituciones, partidos políticos y administraciones, para establecer una política de 'tolerancia cero' ante cualquier tipo de agresión.