La reciente operación 'Vinteox', llevada a cabo por la Guardia Civil, ha puesto al descubierto un alarmante caso de explotación y abuso digital. Dos individuos han sido arrestados y se encuentran en libertad con cargos en las provincias de La Rioja y Soria, acusados de obtener, clasificar y difundir contenido sexual sin el consentimiento de 27 mujeres. De estas víctimas, trece residen en La Rioja, mientras que las demás provienen de lugares como Albacete, Guipúzcoa, Navarra, Palencia, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, ha dado a conocer los detalles de esta operación iniciada en marzo de 2025, acompañado por el teniente coronel Enrique Guerrero y el comandante Joaquín Martínez. Este operativo ha evidenciado un problema que se ha intensificado en los últimos años, donde la tecnología se ha convertido en un vehículo para la violación de la privacidad y los derechos de las mujeres.

Las investigaciones revelan que la difusión de este contenido se realizaba a través de grupos de mensajería en Telegram y WhatsApp, donde uno de los detenidos actuaba como administrador. Hasta el momento, se han identificado a 20 mujeres adicionales que también habrían sido víctimas de este tipo de abusos.

Sáez destacó que los imputados se hacían pasar por personas de confianza para aprovecharse de las víctimas, muchas de las cuales eran compañeras de piso, amigas o parejas. Los arrestados poseían más de 500 GB de contenido sexual, del cual gran parte había sido obtenido sin el consentimiento de las afectadas, utilizando técnicas engañosas y manipuladoras.

Las prácticas de estos individuos incluían la creación de "quedadas virtuales" en grupos cerrados para compartir imágenes íntimas sin el conocimiento de las mujeres, lo que genera un ambiente de total impunidad. En estos espacios, se ofrecían pautas para la obtención de contenido, incluyendo suplantaciones de identidad y accesos ilícitos a dispositivos personales.

Sáez advirtió a quienes participan en estos grupos que podrían enfrentar consecuencias legales, sugiriendo que la Guardia Civil podría estar tras sus pasos. La investigación, que comenzó en marzo, permitió identificar a los dos hombres, así como a 27 víctimas de grabaciones no consensuadas o acceso no autorizado a sus dispositivos.

Los datos iniciales muestran que la mayoría de las víctimas, en concreto 13, viven en Logroño. Se han detectado también casos en diversas provincias, evidenciando la extensión del problema. Durante el desarrollo de la investigación, se descubrió que los detenidos habían instalado equipos de videovigilancia ocultos en pisos compartidos y en alojamientos de vacaciones, explotando la confianza que sus víctimas tenían en ellos.

Estas acciones incluían la grabación continua de momentos privados, sin que las mujeres, algunas de ellas menores, tuvieran conocimiento de ello. Las grabaciones eran luego difundidas en grupos en línea, perpetuando así el ciclo de abuso.

Además, en ciertos casos, los detenidos mantenían relaciones con las víctimas para incitar a videollamadas sexuales, durante las cuales grababan sin el permiso explícito de las mujeres, utilizando aplicaciones diseñadas para registrar la actividad de manera discreta.

El contenido recolectado se organizaba meticulosamente, clasificando las imágenes y vídeos en carpetas según diversos criterios, lo que reveló una estructura organizada detrás de los delitos. Parte de este material también fue intercambiado o vendido, revelando una motivación económica detrás de estas acciones deplorables.

Los acusados enfrentan graves cargos por revelación de secretos, violaciones a la intimidad personal y acceso ilegal a sistemas informáticos, dejando en evidencia la urgente necesidad de un enfoque más robusto y comprensivo hacia la protección de los derechos digitales en nuestra sociedad.