Los funcionarios de Justicia han vuelto a movilizarse en contra de los posibles cambios en las condiciones laborales que se avecinan tras la promulgación de una ley que modifica la estructura de los juzgados. La reivindicación más importante surge por la futura reforma de la justicia 2030, que incluye tres leyes, dos de las cuales ya están en marcha. La Ley de Eficiencia trae cambios que afectarán, según la secretaria de UGT por el sector de Justicia y gestora procesal, Begoña Ducros, a las condiciones laborales de los funcionarios que pasarán a ser operadores. Esta medida va en contra del Estatuto de Empleo Básico que establece la necesidad de negociar previamente con las organizaciones sindicales.

La falta de avance y comunicación por parte del Ministerio de Justicia para reunirse con el Comité de Huelga ha llevado a los trabajadores a considerar la posibilidad de paros parciales que se conviertan en huelga indefinida a partir del próximo lunes, 22 de mayo. Para desconvocar la huelga, es necesario que el Gobierno central presente una propuesta suficiente que tome en cuenta las necesidades y derechos laborales de los trabajadores.

Begoña Ducros ha subrayado la necesidad de negociar los cambios en las condiciones laborales de los funcionarios y ha destacado la importancia de cumplir con lo establecido en el Estatuto de Empleo Básico. La ley ya está en marcha pero la negociación previa es fundamental para garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores.