En el contexto actual de calamidades climáticas y su impacto en la ciudadanía, se pone de relieve una cuestión esencial sobre la responsabilidad compartida en la gestión de desastres naturales. En este sentido, la afirmación de que una Comunidad Autónoma puede ser considerada igualmente responsable de un daño como lo es la Administración del Estado resuena con particular relevancia.

En Logroño, el 16 de diciembre, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Rioja ha tomado iniciativas admirables al crear dos guías prácticas que buscan ofrecer apoyo legal a aquellos afectados por la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Elizabeth Gallego, una de las estudiantes involucradas, ha señalado que su objetivo es “echar una mano y servir de apoyo” a quienes están lidiando con las consecuencias de esta catástrofe.

Las guías abarcan temas cruciales como el derecho sucesorio y la responsabilidad patrimonial de la administración, permitiendo a los damnificados resolver dudas respecto a la gestión de herencias en caso de fallecimientos o desapariciones, así como sobre cómo reclamar indemnizaciones a las instituciones públicas. Este enfoque integra la teoría del derecho con la práctica social, algo que resulta esencial para la comunidad impactada por la DANA.

Los autores de estas guías son estudiantes del Grado de Derecho, del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, así como del Programa de Doctorado, quienes han contado con la notable colaboración de sus profesores, incluidos Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, del despacho Soriano y Zueco Abogados, y Sergio Cámara, presidente de la Academia del Derecho de Sucesiones. Este trabajo se enmarca dentro de la Clínica Jurídica e Intervención Social de la Universidad de La Rioja, donde los estudiantes, bajo la orientación de sus docentes, contribuyen a ofrecer respuestas jurídicas a problemas reales.

El vicerrector de Responsabilidad Social Corporativa, Jorge Pelegrín, destacó en una reciente rueda de prensa la importancia del "aprendizaje de servicio", un modelo educativo en el cual los estudiantes aprenden a resolver situaciones concretas en la vida real, lo que representa un avance significativo en su formación profesional.

En relación a la guía de derecho sucesorio, Cámara explicó que se incluye una serie de noventa preguntas y respuestas para abordar una variedad amplia de situaciones. Desde la incertidumbre sobre la localización de un desaparecido hasta la complejidad de las particiones de herencia, cada aspecto se ha tratado con un enfoque práctico, incluyendo enlaces a registros e instituciones pertinentes donde las personas afectadas pueden obtener formularios necesarios.

Aunque aún no está disponible al público, la guía podrá consultarse en línea a través de la Red Española de Clínicas Jurídicas y se ofrecerá también en formato impreso. Alonso de Leonardo-Conde sumó que, más allá del fervor del debate político que ha desdibujado la realidad, la guía se apega a la legalidad, con el fin de clarificar para los afectados por la DANA cuáles son los daños que efectivamente son atribuibles a las administraciones.

Durante su proceso de elaboración, los estudiantes han identificado que existen competencias tanto compartidas como exclusivas entre distintas administraciones, lo que determina que ciertos daños puedan ser reclamados a una u otra, o incluso a todas de manera conjunta, dado que se consideran responsables solidarias. Como referente, mencionó la declaración de una situación de emergencia nacional, un aspecto fundamental en este tipo de circunstancias.

“La ley”, puntualizó, “prevé que la comunidad autónoma puede solicitar la intervención de la Administración del Estado o que esta actúe de oficio”, lo que implica una responsabilidad compartida entre ambas entidades. Esta realidad, que a menudo se pierde en el ruido político y mediático del país, es fundamental de tener en cuenta.

Por ende, la conclusión es clara: se trata de una responsabilidad compartida que debe ser considerada cuando se revisan los daños reclamables, que son aquellos que se habrían evitado si hubiera existido una actuación adecuada por parte de la administración. Sin embargo, este tema es intrincado y no hay soluciones simples; cada caso debe ser analizado minuciosamente para determinar si el daño se debió a una falta de acción, como la ausencia de mantenimiento en cauces fluviales o déficit en la comunicación de alertas por parte de las autoridades.

Por último, es un asunto con múltiples facetas, y la guía intenta proporcionar el mayor grado de claridad posible en un contexto donde las situaciones son casi infinitas. Se trata de un verdadero punto de partida, y para quien decida emprender un reclamo, es fundamental contar con el apoyo de un asesoramiento legal adecuado que pueda guiarlo en sus próximos pasos.