LOGROÑO, 6 de octubre.

Izquierda Unida ha presentado una enmienda que rechaza por completo el Proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa. El partido argumenta que el contenido del proyecto emula las políticas impuestas por gobiernos de corte conservador y neoliberal, similares a las de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, y a las de la Comunidad Valenciana bajo la dirección de Mazón. Consideran que esta iniciativa representa un retroceso en la defensa de los derechos y garantías sociales.

“No permitiremos que se respalde un modelo que reduce los controles y aumenta la vulnerabilidad de la ciudadanía”, ha declarado Carlos Ollero, diputado de IU en la Asamblea de La Rioja.

Izquierda Unida alerta que, detrás de la supuesta “agilidad administrativa”, el proyecto abre la posibilidad de que funciones fundamentales de la Administración autonómica sean privatizadas, lo que perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas de la región y debilitaría el papel de lo público.

El partido destaca que la implementación del silencio administrativo estimatorio y la reducción de plazos transforman la falta de respuesta en una aprobación tácita, incluso en cuestiones críticas como el medio ambiente, la salud pública y la seguridad industrial. Ollero enfatiza: “La ausencia de acción administrativa no debería ser sinónimo de autorización implícita, sobre todo cuando el daño potencial puede ser irreversible”.

Asimismo, la propuesta sugiere cambiar autorizaciones por simples declaraciones responsables, lo que anula controles previos adecuados y pone en riesgo la vigilancia efectiva, ya que los problemas podrían resolverse solo después de que ocurra el daño. “El enfoque de actuar primero y revisar después no es aceptable en áreas donde hay peligros concretos”, señala el diputado.

Otro de los puntos críticos para IU es la inclusión de entidades certificadoras privadas, que son financiadas por las propias empresas a las que evalúan, lo que genera conflictos de interés y fomenta la pérdida de empleos públicos cualificados. “La función de velar por la legalidad y la protección de derechos es esencialmente pública y debe permanecer así”, recalca Ollero.

El partido también critica el denominado principio de “mercado abierto” y la aceptación automática de permisos provenientes de otras comunidades con requisitos más laxos, que facilita el dumping regulatorio y limita las posibilidades de La Rioja de salvaguardar adecuadamente los derechos laborales, sociales y ambientales. Además, la reducción en los plazos de participación para la elaboración de normas podría convertir la consulta pública en un mero formalismo. “La participación ciudadana debe ser vista como una garantía democrática, no como un obstáculo”, afirma.

Como alternativa, Izquierda Unida propone una auténtica simplificación que elimine la burocracia innecesaria pero mantenga intactos los derechos. Plantean una digitalización inclusiva, eliminación de duplicidades y un refuerzo en la inspección y los servicios públicos, evitando la privatización de funciones esenciales. “Simplificar es necesario, pero no a expensas de los derechos colectivos ni de la capacidad reguladora de nuestra comunidad autónoma”, concluye Ollero.