24h La Rioja.

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La Guardia Civil de La Rioja refuerza las inspecciones para detectar cebos tóxicos.

La Guardia Civil de La Rioja refuerza las inspecciones para detectar cebos tóxicos.

LOGROÑO, 18 de marzo.

El compromiso con la protección de la biodiversidad se reafirma en La Rioja, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se ha unido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente para intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la amenaza de los cebos envenenados en el medio rural. Estas prácticas ilegales representan un grave peligro para aves y mamíferos que gozan de protección especial, así como para aquellas especies que están al borde de la extinción.

En una reciente operación, se han evaluado más de 1.215.000 metros cuadrados (equivalente a 121,5 hectáreas) en áreas clave como el Parque Natural del Alto Najerilla y el Parque Natural de Sierra Cebollera. Afortunadamente, hasta este momento, los rastreos no han detectado la presencia de venenos letales. Sin embargo, las autoridades están planeando llevar a cabo nuevas inspecciones en otras zonas de la comunidad para garantizar la seguridad del ecosistema.

Para llevar a cabo estas importantes tareas, el Seprona ha incorporado el uso de dos perros especialmente entrenados, lo que resalta la innovación en las técnicas de detección. “Uro”, un pastor belga malinois de cuatro años, ha sido preparado por el Servicio Cinológico de la Guardia Civil para identificar las variadas sustancias tóxicas usadas en la elaboración de cebos envenenados. Por su parte, “Senda”, una pastor belga malinois de tres años, ha sido entrenada para detectar fauna, lo que complementa la labor de vigilancia en el campo.

Desde el Seprona, se recuerda a la ciudadanía que el uso de cebos envenenados para el control de especies de manera ilegal se contempla como un delito en el Código Penal, específicamente un Delito contra la Flora y la Fauna. Las sanciones pueden incluir penas de prisión de hasta dos años, así como inhabilitación para la caza por un periodo que puede extenderse hasta tres años.

Además, el daño ocasionado por estas prácticas puede acarrear penas más severas, especialmente si el impacto es considerable o afecta a espacios naturales protegidos, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad colectiva en la conservación del medioambiente.