LOGROÑO, 3 de septiembre. La comunidad de La Rioja ha dado un paso significativo en la modernización de su sistema de salud al aprobar una nueva Ley de Farmacia en el Parlamento regional, actualizando así una normativa que databa de 1998. Esta legislación introduce la figura del botiquín en localidades que carecen de farmacias, un avance que busca garantizar el acceso a medicamentos básicos en áreas más aisladas.

La aprobación de la ley contó con el respaldo de los grupos del Partido Popular, Partido Socialista y Vox, mientras que el Grupo Podemos-Izquierda Unida optó por la abstención, criticando que la nueva regulación perpetúa un modelo de salud privatizado. Este debate deja al descubierto las tensiones entre diferentes enfoques sobre la salud pública en la región.

Durante la presentación, se expuso que la falta de un marco legal para ciertos servicios farmacéuticos, junto con la experiencia acumulada y las exigencias del legislar europeo y estatal, justificaba la creación de esta ley que busca adaptarse a los tiempos modernos.

El diputado del Partido Popular, Alberto Olarte, defendió la ley como un avance que no solo reconoce el carácter asistencial de las farmacias, sino que también flexibiliza sus horarios para alinearse mejor con el funcionamiento de los consultorios médicos. Resaltó que la figura del botiquín se fortalecerá para asegurar que incluso las localidades más pequeñas cuenten con atención farmacéutica.

Olarte también subrayó que, aunque el texto legislativo es técnico, ha sido revisado para su mejor comprensión. Además, se espera que la regulación mejore la gestión de la ley, la publicidad de medicamentos y la organización de las guardias farmacéuticas.

Por su parte, el socialista Miguel González de Legarra celebró que hoy se diera luz verde a una ley muy esperada, destacando que su desarrollo es un legado de la anterior legislatura socialista. Sin embargo, señaló que la falta de comunicación por parte del director general había sido un obstáculo durante el proceso, y propuso que la inteligencia artificial debería incluirse en la regulación para que la ley no se quede obsoleta rápidamente.

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero cuestionó los fundamentos de la nueva ley, al considerarla un reflejo de un modelo neoliberal que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar social. Ollero argumentó que las farmacias deberían ser tratadas como un servicio público esencial y lamentó que la ley no contemple la creación de nuevas oficinas públicas, ni facilite la instalación de estas en zonas despobladas.

Por otro lado, el representante de Vox, Héctor Alacid, expresó su descontento con el Partido Popular por su enfoque impositivo en la elaboración de la ley. No obstante, decidieron apoyar la iniciativa tras la inclusión de ciertas enmiendas que mejorarían los derechos de los farmacéuticos, como la correcta complementación de las prescripciones y el reconocimiento de la objeción de conciencia en la práctica profesional.

La consejera de Salud, María Martín, cerró el debate agradeciendo al Colegio de Farmacéuticos por su colaboración y valorando la dedicación del director general, Gonzalo Aparicio. Martín enfatizó el impacto positivo que esta legislación tendrá en el sistema sanitario, subrayando el papel crucial de los farmacéuticos como agentes de salud y la importancia del consenso alcanzado en la elaboración de esta ley, lo que promete estabilidad futura en el acceso a servicios farmacéuticos en la región.