Medio Natural destina 779.143 euros para adquirir prendas de protección contra incendios forestales.
El Gobierno de La Rioja ha destinado una suma de 779.143 euros para la adquisición de ropa de trabajo y equipos de protección individual (EPI) destinados al personal de la región dedicado a la prevención y extinción de incendios forestales, así como en labores de producción forestal.
Se ha informado que esta equipación especializada se destina a los 246 trabajadores de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, con el objetivo de garantizar su seguridad laboral en el desempeño de sus funciones.
Es importante destacar que este contrato no incluye los uniformes de los agentes forestales, y se ajusta a los requisitos establecidos en el acuerdo-convenio de personal.
Este equipamiento abarca a personal que desempeña roles diversos, como el de vivero, bomberos forestales, conductores, operarios de maquinaria, técnicos de comunicaciones y personal técnico.
La distribución del contrato se realizará en distintos lotes que implican ropa de trabajo, calzado de trabajo y seguridad, prendas ignífugas para incendios forestales y protección contra la intemperie, además de otros EPI y accesorios indispensables para el ejercicio de las labores del personal.
En cuanto a los equipos de protección individual, se considerarán las características y necesidades de cada puesto de trabajo según las Evaluaciones de Riesgos correspondientes, elaboradas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y conforme a las recomendaciones del Comité de Lucha contra Incendios Forestales del MITECO.
Es fundamental tener en cuenta que en situaciones de combustión de material vegetal, pueden dispersarse sustancias tóxicas, por lo que se hace necesario aumentar la provisión de estos equipos para garantizar la limpieza y descontaminación adecuadas y así minimizar los riesgos para los trabajadores frente a posibles agentes químicos.
El contrato, que se gestionará a través del procedimiento abierto con múltiples criterios de adjudicación, abarca un periodo de cuatro años, asegurando la continuidad en las medidas de protección laboral en la región.
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