LOGROÑO, 16 de septiembre. El diputado de Izquierda Unida en La Rioja, Carlos Ollero, ha hecho un llamado al gobierno regional para que tome medidas urgentes en relación con el auge de proyectos de biometano y biogás en la comunidad. Según Ollero, es crucial que se impulse una planificación y regulación adecuada ante la creciente proliferación de estas instalaciones, no solo en La Rioja, sino también en las regiones aledañas.

Ollero enfatiza que el gobierno debe abordar esta situación de manera proactiva y no esperar a que sea demasiado tarde. Advierte que, si no se actúa ahora, podría haber consecuencias irreversibles para la región. Su intervención se basa en la premisa de que la salud del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía están en juego.

El diputado ha relatado que actualmente hay cinco proyectos de plantas de biogás en La Rioja, ubicados en Sorzano, Hervías, Valverde, Pradejón y Sotés. Adicionalmente, destacó que dos iniciativas han sido rechazadas por los gobiernos locales en Autol y Alfaro, así como otros dos planteamientos en las localidades navarras de Viana y Sesma, cercanas a La Rioja.

Según Ollero, la inquietud y el descontento social en torno a estos proyectos es evidente y similar a las reacciones que se generaron en el pasado con la instalación de parques eólicos o líneas de alta tensión. Esta alarma social justifica la necesidad de una respuesta contundente y clara por parte de la administración autonómica.

El diputado ha insistido en que es fundamental que se lleve a cabo una instalación sostenible de estas plantas, que respete el medio ambiente y garantice los derechos de las comunidades locales. Ollero subraya que los beneficios económicos derivados de estos proyectos deben ser de carácter local, y no exclusivamente en beneficio de grandes corporaciones.

En este contexto, Ollero ha anunciado que presentará una Proposición No de Ley para evaluar el impacto de estas plantas. Subraya que no se trata de oponerse de forma categórica, ya que reconocen los aspectos positivos de estas instalaciones, como la producción de energía renovable y la gestión de residuos orgánicos. Sin embargo, es vital sopesar los riesgos asociados y regular adecuadamente su implementación.

El diputado establece que la planificación debe garantizar que las instalaciones se construyan con principios de sostenibilidad y equidad social. Entre las medidas propuestas, se incluye la exigencia de una distancia mínima de dos kilómetros de los núcleos urbanos, y de tres kilómetros en el caso de residuos animales. Además, se demandará una evaluación ambiental exhaustiva y una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con estos proyectos.

Finalmente, Ollero propone que los beneficios económicos se reinviertan en los municipios afectados a través de incentivos fiscales, y plantea establecer límites técnicos que controlen los olores que podrían afectar a las áreas cercanas. Asimismo, sugiere la creación de una moratoria similar a la que se implementó para las instalaciones eólicas, hasta que se formalice una normativa específica que regule estos proyectos.