La situación de MUFACE ha llevado a una ferviente movilización de los sindicatos en La Rioja, donde un grupo de diez organizaciones ha hecho un llamado urgente a un diálogo entre el Gobierno y las aseguradoras para garantizar la asistencia sanitaria de más de 10.000 funcionarios en esta comunidad y un total de 1,5 millones en toda España. La solicitud apunta a mantener los conciertos con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), crucial para la cobertura médica de este colectivo.

Un centenar de personas se congregó en la plaza del Mercado de Logroño en una manifestación que refleja la unión y la preocupación sin precedentes entre los sindicatos, que incluyen a CCOO, UGT, ANPE, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP, SIAT, SUP y USO. Los manifestantes protestaron contra lo que describieron como una crisis en la asistencia sanitaria del funcionariado, agravada por la negativa de las aseguradoras a participar en los conciertos de MUFACE.

Gustavo Navas, presidente de ANPE y portavoz de los sindicatos en La Rioja, enfatizó la urgencia de la situación, indicando que se está a la espera de una segunda licitación que permita establecer un convenio con las aseguradoras lo antes posible. Mientras tanto, los sindicatos han señalado que continuarán movilizándose y llevando a cabo acciones para exigir al Gobierno que brinde soluciones que aseguren la tranquilidad de los funcionarios en cuanto a su atención sanitaria.

Navas destacó que la actual crisis es la más grave que se ha enfrentado en años, afectando especialmente a los docentes, quienes representan a una gran parte de los beneficiarios de MUFACE. Este contexto lleva a una exigencia clara: que el Gobierno y las aseguradoras firmen de inmediato el convenio que garantice la misma cobertura sanitaria que ha existido desde 1975.

El clamor por negociación es palpable, ya que los sindicatos aseguran que hasta el momento no ha habido una demostración clara de voluntad por parte de las partes involucradas. La demanda incluye una planificación adecuada y un compromiso a la hora de sentarse a discutir las condiciones de asistencia sanitaria que afectan a funcionarios y sus familias.

La angustia no solo se limita a los funcionarios en activo. También hay un impacto considerable en los jubilados, mujeres embarazadas y quienes esperan ser atendidos por especialistas, lo que subraya la urgencia de asegurar que nadie se quede sin acceso a la asistencia sanitaria de un día para otro.

Navas también señaló que, dependiendo de los resultados de la segunda licitación que se avecina, se están considerando nuevas acciones de protesta. La situación exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades, considerando que los beneficiarios de MUFACE pueden elegir cada año entre aseguradoras privadas y la sanidad pública. Un 72% de ellos eligen la opción concertada, pero las tendencias están cambiando, con una creciente preferencia por el sistema público entre las nuevas generaciones de funcionarios.

En lo que respecta a las aseguradoras, se ha solicitado un aumento de la dotación económica de un 40 por ciento. Sin embargo, el Gobierno solo ha ofrecido una subida del 17 por ciento en los pliegos de contratación, una cifra que no ha sido suficiente para que importantes compañías, como Adeslas, DKV y Asisa, se presenten a la licitación.

Por último, los sindicatos advirtieron que la migración de mutualistas al sistema público podría tener un efecto negativo en el actual sistema de atención de la seguridad social, lo que refuerza la demanda de una inversión mejorada en la sanidad pública. Por todo ello, hacen un llamado a la firma urgente de un acuerdo que ponga fin a la incertidumbre que enfrenta el colectivo de funcionarios del país.