LOGROÑO, 30 de marzo. En un caso que pone de relieve la necesidad de una regulación más estricta en el ejercicio de la abogacía, el Ministerio Fiscal ha solicitado penas severas para dos abogados, identificados como J.P.P. y A.G.R. Ambos están acusados de múltiples delitos de estafa, tras haber engañado a sus clientes mediante supuestos acuerdos con la Fiscalía a cambio de dinero. La fiscalía pide una condena que incluye dos años y medio de prisión, una multa de 6.480 euros y dos años y medio de inhabilitación profesional.

El caso se agrava aún más con la inclusión de un segundo cargo por deslealtad profesional, que podría resultar en una multa adicional de 9.720 euros y un lapso de dos años y medio durante los cuales no podrían ejercer su profesión. Asimismo, enfrentan un tercer delito de calumnia, por el que también se contempla una sanción económica de 6.480 euros.

Respecto a la responsabilidad civil, el Ministerio está solicitando que indemnizar a uno de los afectados con 14.000 euros, que representan los pagos realizados de forma indebida, mientras que otros clientes optaron por no continuar con el proceso.

El juicio contra los acusados dará comienzo este miércoles a las 10:30 en la Audiencia Provincial de La Rioja. Los delitos en cuestión se dieron en el marco de la representación legal de una pareja en un juicio por apropiación indebida, y que involucraron a los dos abogados que colaboraban en el mismo bufete.

Según los informes, los letrados habían aconsejado a sus clientes que buscaban un acuerdo con la acusación, insistiendo en que esto evitaría una condena de prisión. Sin embargo, hicieron un extraño requerimiento de un depósito inicial de 56.000 euros en una cuenta, así como la entrega de 7.600 euros en efectivo, argumentando que esto era fundamental para 'facilitar' el trato ante el fiscal.

Las cosas tomaron un giro inesperado cuando los clientes, dudando de la legalidad del proceder de sus abogados, decidieron grabar las conversaciones, donde se evidencian los intentos de soborno y manipulación. Ante la falta de confianza, decidieron desistir de seguir adelante con los pagos y optaron por buscar representación legal alternativa.

La situación se complicó aún más con otro cliente que también buscó los servicios de este bufete. Nuevamente, uno de los abogados presionó para exigir una cantidad significativa de dinero, esta vez indicando que tenía conexiones con el Fiscal Jefe, generando un ambiente de desconfianza y miedo al abuso de poder.

El Ministerio Fiscal considera que estas acciones constituyen una serie de estafas continuadas, deslealtad profesional y calumnias, lo cual podría llevar a los abogados a enfrentar no solo penas de prisión, sino también serios obstáculos en su carrera futura con hasta cinco años de inhabilitación y una considerable multa de 22.680 euros. Además, deberán restituir 14.000 euros a uno de los perjudicados por sus prácticas deshonestas.