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Solicitan 5 años y medio de prisión para empleada de agencia de viajes por fraude y malversación.

Solicitan 5 años y medio de prisión para empleada de agencia de viajes por fraude y malversación.

LOGROÑO, 15 de diciembre. La situación legal de una empleada de una agencia de viajes está dando de qué hablar en la Audiencia Provincial de Logroño, donde la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y medio de prisión por la comisión de dos delitos: apropiación indebida y estafa continuada. Esta solicitud responde a un caso en el que la acusada, durante un periodo considerable, inyectó su propio beneficio a expensas de la agencia de viajes donde laboraba, incluso afirmando que estaba invirtiendo el dinero en otro negocio.

El juicio, que se llevará a cabo este lunes, centra su atención en S. P., originaria de Pakistán, quien se unió a Huma Travel S.L., agencia dirigida por H.J.B. y su esposo, en junio de 2013. Según el relato del ministerio público, la acusada aprovechó su posición desde el año 2016 hasta marzo de 2017 para apropiarse de importantes sumas de dinero bajo diversos pretextos.

En la acusación se expone que una parte significativa de estos fondos provenía de los pagos que los clientes realizaban a la agencia para adquirir billetes de transporte, generalmente vuelos. S. P. se quedaba con el dinero en efectivo que recibía directamente o daba instrucciones para que los pagos se hicieran a su cuenta personal, utilizando también cuentas de familiares para acceder a los fondos. En todos estos casos, los billetes por los que los clientes habían pagado nunca eran comprados, lo que implica un claro desvío de los fondos de la empresa.

Además, la acusada se apoderó de dinero que se encontraba en la caja de la agencia, correspondiente a pagos de clientes que recibieron sus paquetes turísticos. Así, la agencia se vio perjudicada en un total de 46.220 euros. A esto se añaden 7.070 euros que son reclamados por un grupo de hasta 17 clientes, quienes no han recibido compensación por parte de la empresa, que justifica su negativa alegando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, es importante señalar que la agencia ha indemnizado a múltiples afectados, con un total de hasta 16 personas que sufrieron pérdidas económicas directas por el actuar de la acusada.

Los datos financieros reveladores apuntan a que en las tres cuentas bancarias de S. P. (dos en La Caixa y una en Banco de Sabadell) se registraron ingresos sumando 90.890 euros entre octubre de 2016 y abril de 2017, excluyendo lo que percibió por nómina. Estos fondos parecen ser mayoritariamente producto de las cantidades malversadas durante su tiempo en la agencia.

Asimismo, la denunciada entabló contacto con dos socios de Kebabash 2016, donde, bajo la falsa premisa de invertir en un emprendimiento que nunca existió, logró que le transfirieran un total aproximado de 21.100 euros. Esta cifra incluye una transferencia significativa de 15.000 euros desde Mälmoe, Suecia, lo que demuestra un elaborado esquema para engañar a sus víctimas.

La acusada, que lidiaba con problemas de estrés laboral y personales, había estado recibiendo tratamiento ansiolítico desde marzo de 2017. Se llegó a invertir 61.000 euros en un intento de evasión de sus problemas a través del juego y de la inversión online, hasta desarrollar un grado moderado de adicción. Esto culminó en dos ingresos psiquiátricos para tratar episodios psicóticos y depresivos consecutivos que evidencian su deterioro mental.

La Fiscalía sostiene que estos actos constituyen un delito continuado de apropiación indebida, al referirse a los fondos de la agencia de viajes Huma Travel, además de un delito continuado de estafa vinculado a las contribuciones de los socios de Kebabash 2016. En el contexto del caso, se considera que la acusada presenta un atenuante por “anomalía o alteración psíquica”.

Por lo tanto, la acusación pide que se le imponga una pena de tres años y seis meses por el delito de apropiación indebida continuada y dos años adicionales por el delito de estafa continuada. También se han determinado diversas indemnizaciones para aquellos perjudicados que aún no han recibido compensación por parte de la agencia, destacando así la gravedad del caso y el impacto generado en la comunidad afectada.