LOGROÑO, 25 de marzo.

En un giro judicial impactante, un hombre ha sido condenado a un año de prisión tras aceptar la culpabilidad en un caso de estafa que le permitió apropiarse de 3.000 euros pertenecientes a sus propios familiares. La sentencia, que se desglosa en seis meses por el delito de estafa y otros seis por falsedad documental, también incluye una multa de 720 euros.

La Audiencia Provincial fue el escenario de este juicio, que concluyó con un acuerdo entre las partes, el cual fue supervisado por el Ministerio Fiscal. La acusación había solicitado un total de dos años tras las reprobables acciones del acusado, quien engañó a sus víctimas debilitadas, aprovechándose de la avanzada edad de una y de la discapacidad intelectual de la otra.

Según informes obtenidos por Europa Press, el acusado, identificado como A.P.A., era cuñado de una de las víctimas, J.G.I., y pariente directo de A.I.M., la otra afectada. Con la intención de realizar unos trabajos de renovación en su hogar, contactó a una empresa en Logroño, que le ofreció un presupuesto de 3.000 euros, emitido el 15 de enero de 2016.

Imposibilitado de completar el pago debido a su falta de fondos, el acusado urdió un plan para acceder a los datos bancarios y a la documentación de identidad de ambas víctimas. Para ello, aprovechó la vulnerabilidad de A.I.M., así como la situación de J.G.I., quien padece un trastorno de inteligencia limitada.

Con astucia, convenció a J.G.I. de que un familiar le obsequiaría un teléfono móvil de alta gama, para lo cual necesitaba su DNI y el de su madre, así como la libreta de ahorros que compartían. Tras obtener esta documentación, A.P.A. firmó en nombre de ellas un contrato de préstamo a plazos con la entidad financiera Caja Laboral Kutxa el 27 de enero de 2016, logrando que la entidad le transfiriera los 3.000 euros propuestos.

Sin embargo, las ventanas que prometió instalar nunca fueron colocadas, y el acusado se quedó con el importe total. Las cuotas del préstamo comenzaron a ser cobradas en marzo y abril de 2016, llegando a la cuenta de A.I.M. y sus hijas, que fueron devueltas por no haber autorizado dicho contrato.

El Ministerio Fiscal considera que estos actos constituyen un delito de falsedad documental como medio para llevar a cabo la estafa, destacando que el acusado actuó sin que existieran factores que atenuaran su responsabilidad penal. En consecuencia, la acusación propuso al tribunal un año de prisión por la estafa y otro año más por la falsedad, una decisión que refleja la gravedad de la situación y el impacto que tiene sobre las víctimas.