Un grupo de hombres ha sido objeto de una investigación por parte de la Guardia Civil en La Rioja, tras ser acusados de sustraer grandes cantidades de cobre que luego vendían en una chatarrería, utilizando identidades usurpadas para realizar las transacciones. Este caso pone de manifiesto no solo la gravedad del delito, sino también las prácticas ilícitas que rodean al mercado de metales en la región.

La operación se ha centrado en doce hombres, cuyos rangos de edad oscilan entre los 27 y los 49 años, originarios tanto de España como de Ecuador, y que residen en localidades como Logroño y Villamediana de Iregua. Los implicados son sospechosos de varios delitos que incluyen hurto, receptación, usurpación de estado civil, así como infracciones contra los recursos naturales y el medio ambiente. Lo alarmante es que la mayoría de estos individuos ya cuenta con antecedentes penales.

Entre los investigados se encuentra el dueño de la chatarrería donde se realizaban estas transacciones irregulares. Este hombre estaba operando sin las necesarias Licencias Ambientales y de Apertura, lo que revela un desprecio claro por la normativa vigente. Además, la empresa no tenía la debida autorización para ser Gestor de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, lo que agrava aún más la situación.

La chatarrería operaba bajo condiciones cuestionables, utilizando medidas extremas para proteger su local, como la instalación de cepos de caza y la vigilancia con perros y cámaras de seguridad. Tales acciones dan cuenta de una conciencia de culpabilidad que contrasta con el aparente desprecio por las leyes del medio ambiente y la seguridad pública.

Los otros once hombres involucrados en la investigación eran empleados de una empresa dedicada a la instalación y reparación de líneas de electricidad y telefonía en la región. Durante su jornada laboral, aprovechaban su acceso para sustraer cableado de cobre en diferentes lugares, luego vendiéndolo en la chatarrería. Para hacer esto, utilizaban identidades falsas, lo que demuestra un nivel de planificación y organización en sus actividades ilícitas.

Esta iniciativa es parte del "Plan Permanente de Respuesta a Actividades Ilícitas Relacionadas con el Cobre" del Ministerio del Interior, que busca combatir este tipo de delitos que afectan tanto a la seguridad pública como al medio ambiente. La investigación se inició gracias al escrutinio de información recolectada en operativos anteriores, evidenciando la seriedad con la que se está abordando este problema.

Los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), pusieron su atención en una chatarrería en Logroño, sospechosa de llevar a cabo actividades ilegales relacionadas con el tratamiento y la compra de metales robados, incluyendo cable de cobre. La vigilancia permitió detectar que el local operaba de manera clandestina, abriendo solo cuando clientes informaban previamente desde el exterior.

La situación se volvió aún más sospechosa con la aparición recurrente de vehículos de la empresa de electricidad, lo que llevó a los agentes a monitorear más de cerca las actividades de la chatarrería. Finalmente, se realizó una entrada inesperada, durante la cual se encontraron más de 9.000 kilogramos de metales de origen ilícito, junto con cepos de caza utilizados para proteger el lugar de posibles intrusos.

Los investigadores también determinaron que los once trabajadores utilizaban sus conocimientos técnicos para despojar tanto cable viejo como material nuevo que, aunque no había sido usado, debía ser devuelto. Esto resalta la complicidad de los empleados en un esquema que no solo afecta a su empresa, sino al medio ambiente y la economía local.

Los hombres efectivos de la manera habitual limpiaban el material robado en Villamediana de Iregua, separando el cobre del plástico, para luego revenderlo a nombre de sus compañeros, muchos de los cuales no tenían conocimiento de los actos delictivos que se estaban llevando a cabo en su nombre. A lo largo de estos tiempos, esta actividad ilegal les generó ingresos por un total de 14.513 euros.

Las acciones penales resultantes de esta investigación han sido entregadas a la autoridad judicial, mientras que se han levantado actas de denuncia por infracciones administrativas que ahora están bajo la supervisión de entidades gubernamentales, tales como la Delegación del Gobierno y diversas consejerías del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño. Este caso deja en evidencia no solo la necesidad de una mayor vigilancia en el sector, sino también la importancia de proteger nuestros recursos naturales ante las amenazas de la delincuencia organizada.