El Gobierno de La Rioja se compromete a fortalecer las garantías en la implementación efectiva de los fondos 'Next Generation'

El Gobierno de La Rioja se compromete a fortalecer las garantías en la implementación efectiva de los fondos 'Next Generation'

LOGROÑO, 17 Oct. - El Gobierno regional de La Rioja ha anunciado la revisión del Plan antifraude de fondos europeos Next Generation, con el objetivo de intensificar los análisis de riesgo y de conflicto de intereses en los proyectos y contratos tramitados por las entidades locales adheridas al protocolo regional en el último año.

La Administración autonómica busca reforzar las garantías para asegurar la correcta ejecución de los fondos de la Unión Europea y evitar prácticas fraudulentas que puedan poner en peligro los objetivos definidos en los diferentes programas, según lo aprobado en Consejo de Gobierno.

El Gobierno de La Rioja tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, y la prevención se ha convertido en una medida básica en la lucha contra estas prácticas. Esto adquiere una nueva dimensión en el contexto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) activado tras la pandemia del COVID-19, donde se exige a las administraciones contar con un catálogo de acciones de control.

El Plan antifraude de fondos europeos entró en vigor en 2021, con una duración de cinco años. Incluye medidas de autoevaluación y fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y control interno, un sistema de indicadores para la detección y corrección de posibles fraudes, un código ético y un canal interno de denuncia de posibles incumplimientos o fraude en la gestión de fondos europeos.

El protocolo se encuentra abierto a mejoras y revisiones. El año pasado, se modificó para permitir la adhesión de municipios y mancomunidades riojanos, facilitándoles la gestión adecuada de los fondos comunitarios, reduciendo las cargas administrativas y evitando la necesidad de recurrir a empresas externas para adaptarse al Plan. Hasta ahora, 105 entidades locales se han adherido a este protocolo.

Ahora, se plantea una segunda revisión del Plan, propuesta por la Dirección General de Fondos Europeos y Relaciones con la UE en colaboración con la Dirección Política Local. En primer lugar, se establece que los ayuntamientos y mancomunidades intensifiquen los análisis de riesgos previos y posteriores de las operaciones financiadas y que implementen un control a través de la aplicación de 'data mining' denominada MINERVA.

Además, se modifica el modelo de análisis de conflicto de intereses, que será obligatorio en los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones financiados con el PRTR. Este modelo se aplicará a los empleados municipales encargados de gestionarlos, al igual que ocurre con los empleados de la Administración General y las diversas entidades del sector público riojano. El objetivo es investigar posibles relaciones familiares o vínculos económicos que puedan provocar un conflicto de interés entre los empleados y los participantes en cada procedimiento.

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