LOGROÑO, 19 de mayo. Hoy, el jurado popular que se ocupa del caso conocido como el 'crimen de Viniegra' ha iniciado sus deliberaciones. Este proceso involucra a tres individuos acusados de asesinar a un hombre de 45 años, cuyo cuerpo fue posteriormente desechado en una sima, todo esto en el contexto de una deuda de drogas que data de agosto de 2022.

A las 13:15 horas, los nueve miembros del jurado —acompañados por dos suplentes— se encerraron para discutir el veredicto después de que el juez proporcionara las directrices necesarias para su evaluación. Durante este tiempo, permanecerán aislados y sin contacto con el mundo exterior.

El jurado está compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres de diversas profesiones y edades, que oscilan entre los 18 y 50 años. Entre los suplentes, se encuentran dos mujeres con diferentes perfiles laborales: una operaria y una técnica de aplicaciones.

En cuanto a las ocupaciones, se presentan perfiles variados entre los miembros. Mientras uno no cuenta con empleo y otro se encuentra en situación de desempleo, los demás son un chófer, un diseñador gráfico, un maestro, un técnico informático, un comercial, un agente de viajes y un gerocultor.

La Fiscalía ha pedido 24 años de prisión por el delito de asesinato para cada uno de los acusados, además de un año y medio adicional por tenencia ilícita de armas. Para uno de los implicados, identificado como J.A.G., se añade medio año más por conducir sin puntos.

La Acusación Particular, que representa los intereses del hijo menor de la víctima, respalda la solicitud de la Fiscalía, pidiendo igualmente una condena de 24 años de cárcel para cada uno de los acusados por el asesinato.

Las defensas de los tres querellantes, quienes contradicen la narrativa del Ministerio Público, instan al jurado a no limitarse a “hipótesis”, argumentando que hay muchas teorías pero escasas certezas sobre lo ocurrido. Reclaman la absolución de sus clientes, alegando que actuaron motivados por un miedo abrumador y por problemas de drogadicción, señalando que cada uno se responsabiliza del acto hacia el otro, sobre todo en relación a dos de los implicados.

De acuerdo con la acusación fiscal y lo sustentado por el investigador a cargo, el fallecido había estado exigiendo reiteradamente el pago de una deuda de aproximadamente 13.600 euros a J.A.G. Incapaz de cubrir la cantidad, este último, junto a su pareja J.S.A. y un amigo, I.Z.A., quienes también enfrentan cargos, planificaron el asesinato de la víctima.

La brutalidad del crimen es impactante: tras dispararle en la nuca y agredirlo más de 20 veces con una piedra, el cuerpo del hombre fue arrojado a una sima de 56 metros de profundidad. Los desgarradores eventos en cuestión tuvieron lugar entre el 9 y el 11 de agosto de 2022.