CALAHORRA (LA RIOJA), 29 de enero. En una jornada marcada por la movilización, el Frente de Estudiantes de La Rioja ha llevado a cabo una manifestación en Calahorra, uniéndose a la Plataforma por la Escuela Pública en un acto para demandar una educación pública de calidad. La protesta se enmarca en una preocupación creciente frente a la nueva ley de Formación Profesional y los altos costos restantes de los comedores en las instituciones educativas.

La concentración, que se ha repetido en diferentes localidades donde la Formación Profesional está presente en La Rioja, ha dado inicio alrededor de las 11:20 horas, justo bajo el emblemático arco que da acceso a la zona donde se encuentran el IES Quintiliano, el Valle del Cidacos y la Escuela Oficial de Idiomas de Calahorra.

Los manifestantes han instado a todos los estudiantes de Calahorra a sumarse a su causa, mientras coreaban lemas contundentes como “Galiana, escucha, la pública está en lucha” y “Sí, sí, sí, la pública está aquí”. En relación a las inminentes reformas en la Formación Profesional, Joan Djaja Tobías, portavoz del Frente de Estudiantes, ha señalado que los jóvenes que cursan estos ciclos educacionales “intuyen lo que está próximo a suceder, pero se sienten un tanto desorientados. Nuestra organización busca activar un movimiento más robusto”.

Además, Tobías ha abordado la problemática recurrente que afecta a la falta de docentes al inicio del curso en ciertos ciclos que se imparten en Calahorra, una situación que se ha vuelto habitual en los últimos años. El portavoz ha declarado estar al tanto de esta cuestión y ha criticado que el Gobierno de La Rioja "ha desestimado las ayudas procedentes del Estado". Según sus palabras, en lo que respecta a la Formación Profesional, la administración riojana no está proporcionando las directrices necesarias, dejando a educadores y estudiantes en un estado de abandono. “Lo que pedimos es acción”, ha enfatizado.

El Frente de Estudiantes insiste en mantener un conjunto de demandas que incluyen la paralización de las leyes educativas actuales y la apertura de espacios de participación para las asambleas de estudiantes en la toma de decisiones. Entre sus solicitudes se encuentran la derogación de la Ley de Cooperación Universitaria (LCU) y de toda norma que reprima la acción estudiantil y popular, la laboralización de las prácticas tanto curriculares como extracurriculares con una equiparación salarial justa, un aumento de las becas para garantizar una educación completamente gratuita, así como la eliminación de la participación de empresas privadas en el ámbito educativo y la necesidad de incrementar tanto el personal docente como los recursos disponibles.