El 11 de marzo, Madrid fue testigo de un momento significativo en la lucha contra el consumo de alcohol entre menores, ya que el Consejo de Ministros aprobó un innovador proyecto de ley destinado a prevenir y mitigar esta problemática. Este enfoque integral no solo se centra en la prohibición del consumo de alcohol en diversos entornos educativos, sino que también otorga a las fuerzas de seguridad la facultad de realizar pruebas de alcoholemia en situaciones específicas donde está prohibido el consumo, como sucede en colegios e institutos.

La ley permite a agentes de Policía y Guardia Civil realizar pruebas no invasivas, garantizando que se respeten los derechos de los involucrados al poder repetir estas pruebas si así lo solicitan. En el caso de los menores, se establece un sistema de sanciones que contempla la posibilidad de suspender multas a cambio de la participación en programas de prevención y sensibilización, promoviendo así una cultura de responsabilidad y educación en lugar de castigo.

Esta normativa, que se ha estado gestando desde su presentación en julio del año pasado, responde a las recomendaciones surgidas de la Ponencia 'Menores sin alcohol' en el contexto de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado. Su objetivo principal es no solo prevenir el consumo de alcohol, sino postergar la edad de inicio y reducir los episodios de consumo excesivo entre los adolescentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó la importancia de esta legislación al calificarla como un hito al armonizar diferentes normativas existentes y al incorporar medidas novedosas. Este proyecto es un paso esencial hacia la creación de un entorno más seguro y saludable para las generaciones más jóvenes.

Entre otras restricciones, la ley prohíbe terminantemente el consumo de bebidas alcohólicas en centros educativos de todos los niveles, así como en espacios públicos destinados a menores de edad, aunque permitirá su consumo en universidades. Esta medida busca asegurar que los jóvenes no se vean expuestos a situaciones que normalicen el alcohol como parte de su vida cotidiana.

Mónica García también destacó la inexistencia de un nivel seguro de consumo de alcohol y la necesidad de desterrar mitos antiguos sobre sus supuestos beneficios para la salud. De este modo, se enfoca en un cambio de mentalidad que prioriza el bienestar de la juventud.

La legislación incluye también disposiciones estrictas sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, prohibiendo su colocación a menos de 150 metros de instituciones educativas, sanitarias y recreativas para niños. Esto se complementa con una firme restricción a la publicidad que pueda atraer a un público menor de edad, incluyendo el uso de imágenes o sonidos de personas jóvenes.

García afirmó que, a pesar de los encuentros con representantes de la industria, el impulso de esta ley se ha dirigido principalmente hacia la protección de los menores, un compromiso firme del gobierno. Además, se habilita a las administraciones públicas para estudiar y limitar la apertura de nuevos locales que vendan alcohol en proximidad a centros educativos o donde se realicen actividades destinadas a menores.

La ley también establece que los distribuidores automáticos de alcohol implementen mecanismos de control eficaces para evitar su acceso a menores, así como regulaciones para la exhibición de bebidas alcohólicas en establecimientos de autoservicio. Se prohíbe la venta de alcohol en locales que atiendan principalmente a un público infantil.

El texto legislativo busca también mejorar la detección y atención del consumo de alcohol en menores, promoviendo la inclusión de este tema en el currículo educativo y en la formación del profesorado. Se desarrollarán programas dirigidos a las familias para informar sobre los riesgos del consumo de alcohol y dotarlas de las herramientas necesarias para prevenir su ingesta entre los jóvenes.