El martes 24 de junio se dará inicio a un juicio que ha captado la atención de la opinión pública debido a las graves acusaciones que enfrenta un par de abogados en la Audiencia Provincial de Logroño.

En esta ocasión, el Ministerio Público ha solicitado una condena de cinco años de prisión y la inhabilitación profesional para los acusados, quienes están imputados por delitos de estafa, deslealtad profesional y calumnias. Se les atribuye la propuesta de pagar sobornos al Fiscal para conseguir acuerdos favorables para ciertos clientes de su despacho.

Según se detalla en la denuncia del Fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los denunciados J.P.P. y A.G.R., que trabajaban juntos en el mismo bufete, explotaron la vulnerabilidad jurídica de al menos dos de sus clientes, instándoles a desembolsar grandes sumas de dinero.

Uno de los casos describe cómo un cliente buscó asistencia legal por un juicio relacionado con apropiación indebida. En las reuniones preliminares, los abogados, movidos por la codicia y el desconocimiento jurídico de su cliente, sugirieron alcanzar un acuerdo con la Acusación Pública y el Fiscal y, de este modo, reconocer un posible trato más benevolente.

De acuerdo con el Fiscal, esta conducta representa un grave abuso de la relación de confianza inherente al vínculo cliente-abogado, desatendiendo los principios éticos que rigen la profesión legal.

El acuerdo propuesto, según el mismo documento, implicaba un pago de 56.000 euros a través de transferencia, más 7.600 euros en efectivo para ofrecer al Fiscal "bajo mano", realizando incluso un gesto característico para enfatizar su intención. Además, se le pedían otros 2.400 euros para eliminar antecedentes penales que beneficiarían el caso.

Durante este proceso, el cliente manifestó sus dudas sobre cómo realizar el pago. En respuesta, los abogados le aseguraron que "te sorprendería la cantidad de acuerdos que se logran con el Fiscal". Esta conversación fue grabada por el cliente, quien finalmente decidía no realizar el pago.

Un segundo cliente, en circunstancias similares, fue presionado por uno de los abogados a que entregara inmediatamente 14.000 euros, argumentando su relación cercana con el Fiscal Jefe. Cuando el cliente pidió comprobantes, el abogado minimizó las preocupaciones diciendo que no importaba si algún Fiscal necesitaba "hacer un regalo" para facilitar las cosas.

A este último cliente también le informaron que, tras más de 60 comparecencias ante el juzgado, habían llegado a un acuerdo que le costó 6.000 euros. En este caso, sí entregó 14.000 euros a los abogados.

Como consecuencia de estos actos, la Fiscalía ha acusado a los denunciados de un delito continuado de estafa, junto con deslealtad profesional y calumnia. Se han reclamado penas de prisión y multas que, de ser confirmadas, marcarán un precedente en la lucha contra la corrupción en el ámbito legal.

Además, se busca que los acusados reparen económicamente al segundo cliente afectado, compensando las cantidades que fueron cobradas de manera indebida.