LOGROÑO, 30 de mayo.

UGT Servicios Públicos La Rioja ha alcanzado un logro significativo al conseguir que el Ayuntamiento de Logroño indemnice a un policía local con la suma de 90 euros, tras ser agredido en el ejercicio de sus funciones por una menor cuyos recursos financieros han sido considerados insuficientes. La decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no solo reconoce la validez del recurso presentado por UGT, sino que también condena al consistorio a afrontar los gastos del procedimiento, que pueden alcanzar hasta 130 euros más IVA.

La reclamación fue presentada el 4 de abril de 2023, cuando el agente afectado solicitó formalmente el pago de la indemnización por los daños ocasionados a raíz de una agresión en la que no hubo culpa ni negligencia de su parte. A pesar de que su solicitud inicial fue rechazada, el agente decidió persistir en su demanda.

El incidente que llevó a esta situación ocurrió cuando el policía, mientras realizaba su trabajo, fue agredido por una menor que posteriormente fue condenada por el Juzgado de Menores nº1 de Logroño. Ante la insolvencia tanto de la menor como de su tutora legal, el agente tomó la decisión de reclamar directamente a la Administración, amparándose en el principio de indemnidad que protege a los cuerpos de seguridad en el cumplimiento de sus deberes.

El fallo del magistrado-juez respalda a UGT y al policía afectado, basándose en una doctrina consolidada por el Tribunal Supremo, que estipula que los daños sufridos por agentes en servicio, que no son responsables de manera alguna, deben ser indemnizados por la Administración frente a la insolvencia del agresor. Además, se señala que el Ayuntamiento no notificó al agente sobre la sentencia que declaraba la insolvencia de la menor, lo que limitó su capacidad para demandar la compensación que le corresponde.

El magistrado también subraya que en casos similares, el mismo Juzgado Contencioso-Administrativo ya había fallado a favor de otros demandantes, sugiriendo que no sería razonable ignorar el precedente establecido. Esta sentencia podría sentar un precedente importante para futuras reclamaciones de miembros de las fuerzas de seguridad en casos de agresiones en el desempeño de sus funciones.