LOGROÑO, 18 de septiembre.

En una sesión marcada por la controversia, Ángel Alda, diputado de Vox en La Rioja, presentó una Proposición No de Ley que busca prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos, incluyendo escuelas. Alda argumentó que esta medida cuenta con el respaldo creciente de la sociedad española, pero sus afirmaciones fueron contestadas rápidamente por otros grupos en el Parlamento que acusaron a la formación de la derecha de fomentar el odio y la división social, recordando que su verdadero interés parece ser la imposición de un control ideológico.

Durante el debate, Alda insistió en que el uso del velo islámico atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, afirmando que su prohibición es necesaria para salvaguardar la dignidad femenina en la vida pública. Sin embargo, la falta de apoyo de otras formaciones políticas sugiere que su iniciativa, a punto de someterse a votación, probablemente no prosperará.

La diputada de Podemos-IU, Henar Moreno, no tardó en mostrar su oposición, subrayando que Vox intenta posicionarse como un árbitro sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres, promoviendo un mensaje de odio y exclusión que ya no tiene cabida en una sociedad democrática.

Desde el PSOE, Ana Victoria de Vigo se pronunció también en contra de la propuesta, la cual consideró un nuevo intento de Vox por desestabilizar la convivencia y promover la intolerancia. Defendió la diversidad y la pluralidad de la sociedad española, resaltando que la libertad religiosa y el derecho a decidir sobre el uso del velo deben estar garantizados, sin ninguna forma de discriminación.

Vigo subrayó que el papel del Estado no es el de prohibir, sino el de asegurar que cada persona pueda tomar decisiones informadas y libres, respetando la diversidad de identidades que coexisten en el país.

La portavoz del PP, María Pilar Armendariz, se unió a la crítica a Vox, señalando que cualquier ideología que trate de imponer violencia o extremismo no será tolerada en la democracia española. Armendariz enfatizó la necesidad de construir una sociedad inclusiva basada en el respeto mutuo y en la educación, sin buscar agudizar tensiones entre diferentes comunidades.

Por su parte, el consejero de Educación, Alberto Galiana (PP), recordó que su gobierno actúa dentro del marco de la legalidad y rechazó las acusaciones de inacción. Afirmó que la imposición de prohibiciones no es el enfoque correcto y recriminó a Vox por utilizar un discurso que marginaliza a quienes provienen de otras culturas, afirmando que todos tienen derechos que deben ser respetados según las leyes vigentes.

Galiana concluyó señalando que mientras Vox se ancla en el miedo y el control, su partido se compromete con la libertad y el pluralismo, reflejando un marco inclusivo y respetuoso para todos los ciudadanos.