En un giro inesperado de la justicia, dos abogados han aceptado una condena de 11 meses de prisión, además de una multa de 3.300 euros, tras reconocer su implicación en un caso de estafa continuada. Esta resolución también conlleva la inhabilitación para ejercer la abogacía durante el tiempo de la condena.

LOGROÑO, 24 de junio.

Las repercusiones de la falta de ética profesional han quedado evidenciadas en la Audiencia Provincial de Logroño, donde el juicio estaba programado para el martes, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Además de la pena acordada por el delito de estafa, los abogados han aceptado una multa adicional de 2.700 euros por un delito continuado de calumnia. Es relevante señalar que el Ministerio Público decidió retirar los cargos de deslealtad profesional en vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Inicialmente, el fiscal había solicitado una pena de 2 años y medio de prisión, complementada con una multa de 6.480 euros. Sin embargo, en el acuerdo de conformidad alcanzado, se tomaron en cuenta factores atenuantes como las dilaciones en el proceso y la disposición de los acusados a reparar el daño, lo que incluía la consignación de 6.000 euros para compensar al perjudicado.

El caso se remonta a la representación legal de un imputado por apropiación indebida y su pareja, quienes se encontraron con un escenario judicial lleno de complicaciones. El primer juicio se suspendió cuando uno de los abogados presentó un certificado de baja médica.

En un intento por eludir una condena más severa, los abogados aconsejaron a sus clientes que era prudente buscar un acuerdo con el fiscal para obtener una pena menor a dos años de prisión. Para facilitar este acuerdo, propusieron que los clientes realizaran una transferencia de 56.000 euros a una cuenta bancaria y entregaran en mano 7.600 euros, bajo el pretexto de sobornar al fiscal y retirar antecedentes penales por otros 2.400 euros.

Los clientes, escépticos ante la propuesta, recibieron la respuesta de uno de los acusados, quien les aseguró que muchos acuerdos se logran entregando dinero de manera informal a la Fiscalía, insinuando que tal transacción era común y se realizaba fuera de la ley.

El fiscal ha calificado las acciones de los abogados como un abuso de la confianza depositada en ellos por parte de sus clientes, afirmando que se aprovecharon de su falta de conocimiento jurídico. Esto contraviene los principios fundamentales que deben regir la conducta de cualquier profesional del derecho.