LOGROÑO, 14 de enero.

En un giro significativo en un caso que ha captado la atención de la opinión pública, el individuo acusado de coordinar intercambios y actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas desde al menos 2017, ha optado por aceptar los hechos que se le imputan. Como resultado de esta admisión, ha sido condenado a dos años de prisión y a una multa de 300 euros tras el juicio llevado a cabo esta mañana en la Audiencia Provincial de La Rioja.

A pesar de la seriedad de la situación, se ha decidido retirar la orden de expulsión que pesaba sobre el acusado. Además, la sentencia de prisión se ha suspendido, siempre y cuando el condenado se abstenga de cometer nuevos delitos en un plazo de cinco años.

Inicialmente, el fiscal había solicitado una condena de cinco años de prisión más la misma multa de 300 euros. Según el informe presentado por el Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, se alega que la actividad del acusado en el tráfico de drogas se remonta, al menos, a julio de 2017, periodo durante el cual fue interceptado en varias de sus actividades delictivas.

Una de las intervenciones más significativas ocurrió el 16 de julio de 2017, cuando el acusado salió de su vivienda en Logroño, tomó su motocicleta, y se dirigió al Polígono de Cantabria, donde se llevó a cabo un intercambio de drogas por dinero en un vehículo. La situación fue frenada por la intervención policial, que logró detener al conductor del coche involucrado, quien ocultaba la droga bajo el freno de mano del vehículo.

Tras este incidente, el acusado intensificó las medidas de seguridad que empleaba en sus operaciones. El fiscal detalla en su informe que el procesado adoptó una actitud vigilante, asomándose repetidamente por la ventana de su hogar y anotando las matrículas de los autos estacionados cerca. También cambiaba regularmente de dirección y decidió darse de baja de su teléfono móvil, además de ausentarse de la ciudad por algunas semanas.

Sin embargo, a pesar de estas precauciones, las actividades del acusado continuaron, y varios de sus intercambios fueron nuevamente detectados por las fuerzas policiales. Según se indica, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, se registraron al menos 30 conversaciones telefónicas que evidencian la organización de encuentros para la venta de cocaína, utilizando un lenguaje codificado para no ser detectado.

El informe destaca también la situación familiar del acusado: convive con su esposa, quien tampoco tiene empleo, y con sus tres hijos menores de edad. A pesar de no tener ingresos laborales, en una conversación telefónica se mencionó que estaban ahorrando 300 euros mensuales en una cuenta a nombre de los niños, con la esperanza de algún día poder comprar una vivienda.

La investigación culminó el 7 de marzo de 2018, cuando el acusado fue arrestado en el vehículo que utilizaba para sus entregas de cocaína. Ese mismo día, las autoridades realizaron un registro en su hogar, marcando un hito más en este complejo caso de tráfico de drogas que ha inquietado a la comunidad.