LOGROÑO, 8 de mayo. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido la postura del gobierno regional en relación al acuerdo del CEIS-Rioja, afirmando que su incumplimiento se debe a su compromiso con la legalidad. Esta declaración surge en respuesta a la crítica de Henar Moreno, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, quien manifestó su preocupación por la falta de negociación con los empleados públicos después de más de tres años de estancamiento en sus condiciones laborales.

Durante la sesión, Martín enfatizó que no se puede afirmar que el diálogo comenzara recientemente, destacando que en los últimos dos años han existido diversas reuniones con representantes del CEIS con el objetivo de alcanzar un entendimiento. “Cumplimos con la ley y eso es esencial en un estado de derecho”, argumentó la consejera, insistiendo en que esta es una prioridad para su gestión.

Por su parte, Moreno cuestionó la interpretación que hace el gobierno sobre el cumplimiento de la legalidad. Aseguró que el ejecutivo solo respeta las normativas cuando le son favorables, recordando que los trabajadores tuvieron que recurrir a la justicia para que se respetara el calendario laboral acordado. “La situación actual es un claro ejemplo de desatención a los derechos de los empleados”, comentó la portavoz de IU.

Moreno continuó argumentando que el verdadero agradecimiento hacia los trabajadores debería manifestarse en asegurar condiciones laborales que respondan a sus necesidades, en lugar de permitir que se mantenga un acuerdo que, en su opinión, está siendo ignorado por motivos puramente formales. “No se trata solo de reunirse, sino de mostrar una disposición real a alcanzar un acuerdo”, añadió.

En su respuesta, Martín volvió a recalcar que lo que se ha presentado como una falta de voluntad para negociar es, en realidad, un compromiso por seguir los procedimientos legales. “Las afirmaciones categóricas son más engañosas que la verdad a medias”, manifestó, mostrando cifras de reuniones y mesas de negociación realizadas desde 2023 hasta 2025, que, según ella, evidencian el compromiso del ejecutivo para hallar un acuerdo.

La consejera insistió en que el incumplimiento del acuerdo se basa en la necesidad de adherirse a informes legales que desaconsejan su aplicación tal y como se había pactado originalmente, señalando que la firma de un vicepresidente sin la debida delegación y la falta de justificación en los incrementos retributivos son factores que complican la situación. “La legalidad no es opcional, y debemos actuar conforme a lo que los informes dictan”, concluyó, advirtiendo que dos tribunales ya han considerado la situación como ilegal.